El coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño Cantú, anunció una iniciativa de reforma a la Constitución local para elevar a rango constitucional el prohibir la trata de personas y la explotación infantil.
Lo anterior luego de que Nuevo León ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el delito de la trata de personas.
En ese sentido, el líder de la bancada priísta resaltó que es de suma importancia visibilizar el problema que representa la trata de personas ya que, acuerdo a datos del Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León, este delito aumentó su incidencia 87.06% durante el 2021.
“Dada la gravedad y sus consecuencias, la trata de personas debe estar prohibida desde nuestro máximo ordenamiento legal, buscando una mayor visibilización, que permita erradicar esta deplorable conducta de nuestro Estado, que al ser fronterizo se presta para que se cometan estos abusos en tránsito hacia los Estados Unidos.
“Desafortunadamente la pobreza ha crecido en el estado y es un factor determinante para que las personas estén en condiciones vulnerables y puedan convertirse en víctimas de trata por sus carencias sociales, lo cual ha desencadenado el aumento de la migración en Nuevo León”, agregó.
Treviño Cantú detalló que su propuesta plantea modificar el artículo 3 de la Constitución Política del Estado, con la que también busca prohibir la explotación infantil.
El aumento en la incidencia del delito de violencia familiar, expresó, es un foco de riesgo que desencadena situaciones de calle entre niñas, niños, adolescentes y mujeres, que quedan en la indefensión total, situación que es propicia para la explotación infantil, por lo que debe ser prohibida desde el texto constitucional.
“Creo que es necesario establecer expresamente la prohibición de la explotación infantil desde la Constitución, es en beneficio de las niñas, niños y adolescentes ante la realidad que impera no solo nuestro Estado, sino en nuestro país, debemos ampararlos desde nuestro máximo ordenamiento”, aseguró.
Plantea Heriberto evelar a rango constitucional trata de personas
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