Buscan castigar a quien difunta imágenes de feminicidios

Luego de que se difundieran imágenes de un feminicidio a través de redes sociales, la bancada del PRI busca castigar estas acciones.

La intención es sancionar, multar e inhabilitar a los servidores públicos de seguridad y de procuración de justicia que difundan fotografías o videos que muestren los cuerpos de mujeres víctimas de feminicidios.

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, anunció que presentará iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para que se imponga cárcel de dos a ocho años y se inhabite hasta por diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

El líder de la bancada del PRI detalló que la reforma a presentar en próximos días ante el Pleno del Congreso del Estado adiciona un artículo 331 Bis 7 al Código Penal del Estado de Nuevo León, motivada por los hechos ocurridos en la Ciudad de México, en el caso Íngrid.

“Cualquier acto de violencia contra la mujer enoja, conmueve y nos hace actuar. El feminicidio reciente de Íngrid, ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde no en vano que ya era una víctima, se le revictimizó al difundirse imágenes de su cuerpo, y esto, al igual que su asesinato, debe ser sancionado con penas ejemplares.

“Al servidor público, miembro de una institución policiaca o de administración y procuración de justicia que reproduzca difunda, comparta, comercialice, oferte, intercambie, publique o exhiba imágenes, videos, audios o documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal del delito de feminicidio, con personas ajenas a la investigación o proceso penal, se le impondrá una pena de prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil quinientas cuotas, así como inhabilitación de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”, establece la sanción propuesta.

Cienfuegos señaló que los diputados del PRI, desde el primer día de la actual Legislatura, asumieron el compromiso de impulsar una Agenda Pro Mujeres, que las proteja, oriente y ayude.

“Las leyes deben ser preventivas, no reactivas, por lo que detectamos que en nuestra legislación local, incluso en la federal, no se contempla sanción alguna para el servidor público, que por el ejercicio de su encargo tiene acceso a información confidencial de las víctimas, y en el mal uso de ella, las difunda a un tercero, provocando que la mujer sea revictimizada de una manera atroz; lo anterior se debe prever en nuestro Código Penal y con ello inhibir la acción.

“Incluso la propuesta contempla un aumento en las sanciones si el feminicidio se cometió en contra de una niña o adolescente, estoy seguro que una vez presentada la reforma, estará será analizada a la brevedad en el Congreso y pediremos opinión a las autoridades competentes para lograr un precepto legal que proteja a las víctimas”, agregó Cienfuegos.

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