El coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado para ampliar su marco legal.
Lo anterior, expresó, abre la necesidad de que Nuevo León cuente con un marco jurídico fuerte, claro y efectivo que mejore la operatividad y eficacia de la nueva Fiscalía Especializada en materia Ambiental.
Treviño Cantú expresó que aunque la Fiscalía Ambiental ya está en funciones, es indispensable reforzar el marco legal para dotarla de herramientas jurídicas y operativas que le permitan actuar de forma oportuna y eficaz ante situaciones críticas, sobre todo cuando las áreas protegidas estén en riesgo.
“Con esta iniciativa avanzamos hacia un modelo moderno de gobernanza ambiental que prioriza la protección de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad de nuestro estado, incluyendo la posibilidad de detener obras en proceso.
“Necesitamos un marco jurídico sólido que permita proteger nuestro patrimonio natural y garantizar que las decisiones y acciones de la autoridad se ejecuten bajo plena certeza jurídica, evitando arbitrariedades y fortaleciendo el principio de legalidad”, afirmó.
La iniciativa contempla reformas a los artículos el artículo 231 y se adiciona un artículo 231 bis de la Ley Ambiental, así como la creación de un nuevo capítulo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.
Lo anterior, expresó, abre la necesidad de que Nuevo León cuente con un marco jurídico fuerte, claro y efectivo que mejore la operatividad y eficacia de la nueva Fiscalía Especializada en materia Ambiental.
Treviño Cantú expresó que aunque la Fiscalía Ambiental ya está en funciones, es indispensable reforzar el marco legal para dotarla de herramientas jurídicas y operativas que le permitan actuar de forma oportuna y eficaz ante situaciones críticas, sobre todo cuando las áreas protegidas estén en riesgo.
“Con esta iniciativa avanzamos hacia un modelo moderno de gobernanza ambiental que prioriza la protección de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad de nuestro estado, incluyendo la posibilidad de detener obras en proceso.
“Necesitamos un marco jurídico sólido que permita proteger nuestro patrimonio natural y garantizar que las decisiones y acciones de la autoridad se ejecuten bajo plena certeza jurídica, evitando arbitrariedades y fortaleciendo el principio de legalidad”, afirmó.
La iniciativa contempla reformas a los artículos el artículo 231 y se adiciona un artículo 231 bis de la Ley Ambiental, así como la creación de un nuevo capítulo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.