El diputado José Luis Garza Garza, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó un exhorto ante el Pleno del Congreso del Estado.
Dicho documento pide fortalecer los mecanismos de control, supervisión y denuncia en las corporaciones de tránsito.
Durante su intervención, el legislador advirtió que la corrupción en los cuerpos viales no son hechos aislados, sino prácticas constantes que impactan negativamente la movilidad, generan pérdidas económicas y deterioran la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Garza Garza expuso que existen casos documentados en los que transportistas han tenido que pagar hasta 20 mil pesos en sobornos, sin haber cometido infracción alguna. Agregó que el sector productivo y empresarial ha expresado que este problema representa una grave afectación económica.
Citó también los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025), la cual señala que la policía de tránsito figura entre las instituciones con mayor percepción de corrupción en el estado, con un 61.3 por ciento de desconfianza por parte de la población.
“Este problema es estructural y transversal; afecta a múltiples municipios y representa una amenaza directa para la movilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Nuevo León. No podemos permitir que la extorsión se normalice y siga dañando a ciudadanos, empresas y transportistas”, afirmó.
El exhorto propone que los municipios refuercen los mecanismos de control y supervisión en sus cuerpos viales, implementen sistemas de denuncia eficaces y accesibles, y capaciten a los agentes de tránsito en temas de profesionalismo.
Dicho documento pide fortalecer los mecanismos de control, supervisión y denuncia en las corporaciones de tránsito.
Durante su intervención, el legislador advirtió que la corrupción en los cuerpos viales no son hechos aislados, sino prácticas constantes que impactan negativamente la movilidad, generan pérdidas económicas y deterioran la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Garza Garza expuso que existen casos documentados en los que transportistas han tenido que pagar hasta 20 mil pesos en sobornos, sin haber cometido infracción alguna. Agregó que el sector productivo y empresarial ha expresado que este problema representa una grave afectación económica.
Citó también los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025), la cual señala que la policía de tránsito figura entre las instituciones con mayor percepción de corrupción en el estado, con un 61.3 por ciento de desconfianza por parte de la población.
“Este problema es estructural y transversal; afecta a múltiples municipios y representa una amenaza directa para la movilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Nuevo León. No podemos permitir que la extorsión se normalice y siga dañando a ciudadanos, empresas y transportistas”, afirmó.
El exhorto propone que los municipios refuercen los mecanismos de control y supervisión en sus cuerpos viales, implementen sistemas de denuncia eficaces y accesibles, y capaciten a los agentes de tránsito en temas de profesionalismo.