Los dictámenes correspondientes fueron aprobados por los diputados locales el 5 de octubre y el 28 de septiembre de 2016, respectivamente, pero fueron vetados por la administración estatal.
La Ley que trata sobre los métodos alternos obedece a que se planteaba la creación del Instituto de Mecanismos de Solución de Controversias, pero sin definir de dónde se obtendrían los recursos que se destinarían para su operación, violando la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Actualmente ya existe un Centro dedicado a resolver y trabajar en este tema y dicha Ley no aclara qué sucedería con el mismo ante la creación del nuevo Instituto.
Además, los Diputados incurrieron en pifias legales tan simples como abrogar la “Ley de Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León”, cuando su denominación correcta es “Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León”.