El coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial.
Lo anterior, para permitir que un familiar o persona de confianza pueda hacerse cargo del vehículo cuando un conductor sea detenido por conducir en estado de ebriedad.
De esta manera, se estaría evitando que la unidad sea enviada al corralón.
El legislador priista destacó que la propuesta está respaldada en criterios del Poder Judicial Federal, particularmente en una jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que separa las sanciones dirigidas al automovilista respecto la retención del vehículo.
“Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros, pero también creo que, una vez que la autoridad logra ese propósito, no existe razón alguna para generar costos adicionales a las familias mediante el arrastre y resguardo del vehículo en el corralón, cuando se puede evitar si hay una persona responsable puede manejarlo seguro.
“Ya hay criterios judiciales que respaldan esta idea y estimo pertinente aplicar este criterio en Nuevo León, porque la iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación”, destacó.
La propuesta plantea modificar el artículo 68 Bis 1 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial.
Lo anterior, para permitir que un familiar o persona de confianza pueda hacerse cargo del vehículo cuando un conductor sea detenido por conducir en estado de ebriedad.
De esta manera, se estaría evitando que la unidad sea enviada al corralón.
El legislador priista destacó que la propuesta está respaldada en criterios del Poder Judicial Federal, particularmente en una jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que separa las sanciones dirigidas al automovilista respecto la retención del vehículo.
“Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros, pero también creo que, una vez que la autoridad logra ese propósito, no existe razón alguna para generar costos adicionales a las familias mediante el arrastre y resguardo del vehículo en el corralón, cuando se puede evitar si hay una persona responsable puede manejarlo seguro.
“Ya hay criterios judiciales que respaldan esta idea y estimo pertinente aplicar este criterio en Nuevo León, porque la iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación”, destacó.
La propuesta plantea modificar el artículo 68 Bis 1 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial.