El coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa para que la asistencia a las juntas de seguridad sea de caracter obligatorio para las autoridades encargadas.
La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública busca establecer que los integrantes del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, incluido el Gobernador, tengan la obligación legal de asistir a las sesiones convocadas cuando ocurran hechos delictivos de alto impacto o la percepción ciudadana de inseguridad sea alta.
El coordinador priísta consideró que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso una evaluación anual de los resultados y avances de los programas para combatir la inseguridad.
Del mismo modo, plantea la necesidad de generar políticas públicas de seguimiento post-penitenciario, con el propósito de darle seguimiento a los ex convictos y su eventual reinserción en la sociedad.
“Con esta iniciativa buscamos contribuir a reforzar las herramientas para lograr una prevención más efectiva de la violencia y los delitos en el Estado.
“En lo que va del año llevamos más de 30 ocasiones que ocupamos el primer lugar en homicidios y al cierre de septiembre se han contabilizado 50 feminicidios, una situación preocupante, por lo que consideramos que es urgente que todos los integrantes del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública, incluido el Gobernador, tengan la obligación de acudir a las sesiones para tomar medidas correctivas”, explicó.
La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública busca establecer que los integrantes del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, incluido el Gobernador, tengan la obligación legal de asistir a las sesiones convocadas cuando ocurran hechos delictivos de alto impacto o la percepción ciudadana de inseguridad sea alta.
El coordinador priísta consideró que el Poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso una evaluación anual de los resultados y avances de los programas para combatir la inseguridad.
Del mismo modo, plantea la necesidad de generar políticas públicas de seguimiento post-penitenciario, con el propósito de darle seguimiento a los ex convictos y su eventual reinserción en la sociedad.
“Con esta iniciativa buscamos contribuir a reforzar las herramientas para lograr una prevención más efectiva de la violencia y los delitos en el Estado.
“En lo que va del año llevamos más de 30 ocasiones que ocupamos el primer lugar en homicidios y al cierre de septiembre se han contabilizado 50 feminicidios, una situación preocupante, por lo que consideramos que es urgente que todos los integrantes del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública, incluido el Gobernador, tengan la obligación de acudir a las sesiones para tomar medidas correctivas”, explicó.