Para eliminar una laguna legal que genera impunidad en materia familiar, la bancada del PRI presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer que los derechos familiares que el agresor pudiese tener con la víctima, sean suspendidos.
El coordinador de la bancada, Heriberto Treviño, junto al diputado Javier Caballero, presentaron la inicativa, que busca que dicha suspensión sea por el mismo periodo que dure la pena de prisión que se les imponga en el juicio de índole criminal, y así evitar la revictimización de los agredidos.
Respecto al Código Penal del Estado, expresaron, ya contempla la posibilidad de que, cuando una persona cometa los delitos de violación, incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia familiar, lesiones contra menores de doce años, delitos contra adultos mayores, o feminicidios, además de la pena de prisión que corresponda, el sujeto activo pierde también los derechos familiares y civiles que pudiese tener con respecto a la víctima del delito.
Sin embargo, hay una laguna legal porque, actualmente, no se prevé un plazo específico para que el agresor también pierda sus derechos familiares, lo que pudiera interpretarse como una sanción “de por vida” y eso es considerado inconstitucional, lo que ha derivado en amparos que revictimizan a los familiares agredidos, y cuando éstos buscan justicia ante tribunales, se ven en la lamentable situación de no conseguirlo.
“Hoy, cuando un padre comete un delito familiar y es sancionado con prisión, en automático pierde sus derechos familiares de manera indefinida, lo que es contrario al principio constitucional de que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico protegido. Por esto mismo, se han presentado casos que, al ampararse, se le restituyen al agresor los derechos que tuviese con la víctima, vulnerando los derechos de las víctimas y revictimizándolos”, expuso Treviño Cantú.
Por su parte, Caballero Gaona detalló que, en aras de corregir este problema, la iniciativa contempla modificar el contenido de los artículos 269, 280, 287 Bis 1, 306 Bis 4, así como el tercer párrafo del artículo 301 Bis 8 del Código Penal del Estado.
Aseguró que el objetivo es cerrar la brecha de impunidad y que las víctimas logren hacer justicia contra quienes cometen delitos en la dimensión más sensible e importante de la sociedad, que el seno familiar.