Aldo Fasci Zuazua, asesor del Ejecutivo en temas de seguridad, justicia y anticorrupción, explicó que esta decisión afecta la forma, pero no el fondo de este asunto en particular.
Para el Juzgado federal, detalló, la vinculación a proceso de Arellanes y de seis de sus ex colaboradores debió hacerse con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que desde julio rige los delitos en Nuevo León.
El criterio federal es diferente al de los Jueces de Control del Poder Judicial del Estado, que han fundado cientos de expedientes en el Código Procesal Penal para Nuevo León.
La actuación de los Jueces locales ha sido así porque el decreto que establece la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que un asunto debe ser juzgado con la ley vigente al momento de la comisión del probable delito.
Fasci Zuazua señaló que esta situación contradictoria le preocupa al Estado, pues bajo el criterio del Juzgado federal, casos de homicidio, secuestro o robos, entre otros delitos, tendrían que llevarse a cabo nuevamente.
"El significado de esta resolución no es que no exista caso, el caso sigue, lo que pasa es que el criterio de la Juez de Distrito ha sido diferente al criterio de todos los Jueces de Control del Estado de Nuevo León.
"Por lo que respecta al caso específico no hay ninguna afectación, en cuanto al fondo, es decir, en dado caso se vuelve a hacer la imputación y se vuelve a resolver lo que se tengan que resolver los Jueces", indicó.