La administración estatal endurecerá las acciones contra pedreras que operen fuera de la norma, señaló el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y dio como ejemplo el caso de la empresa Matrimar, ubicada en el municipio de Cerralvo.
Actualmente, informó el funcionario, la compañía mantiene un adeudo superior a los 500 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de incumplir con diversos requerimientos para su operación.
“Nosotros no estamos a favor de quien se enriquezca a costa de nuestro medio ambiente. Me informan que tiene un adeudo ante el SAT de más de 300 millones de pesos y, con recargos, asciende a 511 millones de pesos”, indicó.
Flores Serna explicó que Matrimar ha sido señalada no sólo por afectar una zona serrana protegida en la Sierra de Picachos, sino también por presuntamente contaminar mantos acuíferos que abastecen a pobladores de esa zona.
“La empresa le debe al SAT casi 500 millones de pesos o un poco más; eso lo tiene que pagar para volver a abrir y, además, tendría que ponerse en regla y atender los daños que se han generado.
“Vamos a endurecer la mano con todas las pedreras que estén contaminando o que estén fuera de la norma. No vamos a permitir que por unos cuantos que se enriquezcan, se afecte a toda la ciudadanía que respiramos el aire de Nuevo León", destacó.
Actualmente, informó el funcionario, la compañía mantiene un adeudo superior a los 500 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de incumplir con diversos requerimientos para su operación.
“Nosotros no estamos a favor de quien se enriquezca a costa de nuestro medio ambiente. Me informan que tiene un adeudo ante el SAT de más de 300 millones de pesos y, con recargos, asciende a 511 millones de pesos”, indicó.
Flores Serna explicó que Matrimar ha sido señalada no sólo por afectar una zona serrana protegida en la Sierra de Picachos, sino también por presuntamente contaminar mantos acuíferos que abastecen a pobladores de esa zona.
“La empresa le debe al SAT casi 500 millones de pesos o un poco más; eso lo tiene que pagar para volver a abrir y, además, tendría que ponerse en regla y atender los daños que se han generado.
“Vamos a endurecer la mano con todas las pedreras que estén contaminando o que estén fuera de la norma. No vamos a permitir que por unos cuantos que se enriquezcan, se afecte a toda la ciudadanía que respiramos el aire de Nuevo León", destacó.